La minería chilena cierra el primer semestre de 2026 con una combinación poco habitual: precios altos, proyecciones de inversión históricas y una lista de problemas que lleva dos años sin moverse del mismo lugar.

El cobre acumula una ganancia de más del 9% en lo que va del año. Y la cartera de proyectos que Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, proyecta para la próxima década supera los US$104.500 millones, una cifra que el sector no había visto en mucho tiempo.

El alza no se explica solo por un ciclo favorable. La electrificación del transporte, las baterías para almacenamiento de energía y la infraestructura renovable seguirán demandando cobre en volúmenes que el mercado mundial no puede garantizar hoy. Chile, el mayor productor global del metal rojo, tiene una posición estratégica que va más allá del precio actual.

Así lo plantean Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), y Mauro Mezzano, socio de la consultora Vantaz Group, en un análisis reciente del sector. Pero ambos advierten que el buen momento tiene un límite claro: los cuellos de botella prácticamente no han cambiado respecto a 2025.

Los procesos de obtención de permisos, la incertidumbre regulatoria y los conflictos socioambientales llevan dos años consecutivos encabezando el ranking de problemas críticos de la industria. El diagnóstico es compartido por casi todos los actores del sector. Las soluciones, en cambio, siguen siendo lentas.

A eso se suma una presión de costos que no da tregua. Todos los insumos críticos del sector aparecen por segundo año consecutivo en zona de aumento probable. El caso más llamativo es el de los reactivos químicos, sustancias usadas para separar el cobre del mineral en los procesos de flotación: pasaron del último al primer lugar en el ranking de costos más preocupantes en apenas doce meses.

Cantallopts y Mezzano ven un aspecto positivo incluso en esa estabilidad preocupante: que la industria tenga consenso claro sobre cuáles son los principales nudos a resolver es, al menos, un punto de partida concreto. Lo que queda pendiente es una coordinación real entre el sector público y el privado para acortar los plazos de obtención de permisos, dar certeza legal a los proyectos de inversión y mejorar las relaciones con las comunidades cercanas a las faenas mineras.