El Senado abrió esta semana el debate por una nueva Ley de biocombustibles que partió al sector en dos frentes: las grandes agroexportadoras y cerealeras, que tienen plantas de biodiesel construidas y capacidad para abastecer el mercado interno, pero sin acceso legal para hacerlo, y las pyme regionales, que operan en condiciones reguladas y temen que una apertura competitiva las deje fuera de un negocio que sostienen desde hace casi dos décadas. El miércoles pasado ingresó en la Cámara alta la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, elaborada tras casi dos años de conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena.

La propuesta, que llegó con el mayor respaldo político, propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización. PUBLICIDAD El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores.

Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”. Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.

PUBLICIDAD La propuesta propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización Ese argumento sobre el precio, sin embargo, tiene un reverso que las pyme señalaron en la discusión. Las grandes cerealeras sostuvieron que podrían vender biodiesel un 20% más barato que las plantas pequeñas, lo que se traduciría en una baja del 2% en el precio del combustible final.

El director de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Federico Martelli, cuestionó esa aritmética en diálogo con Infobae: “El 20% de ahorro prometido equivale, en la práctica, a apenas el costo del aceite de soja, sin contar metanol, mano de obra ni energía. La diferencia real entre una planta grande y una pyme ronda el 5% o 6% en el precio del biodiesel, lo que se traduce en aproximadamente 0,5% en el surtidor.