A tres años de la entrada en vigencia de la Ley Naín-Retamal, el debate sobre sus verdaderos efectos en el combate a la criminalidad y la protección de los derechos fundamentales recobra intensidad. Para Myrna Villegas, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el balance de la normativa es profundamente crítico.
A través de una entrevista, la abogada penalista analizó el impacto de la ley en el sistema de justicia, desestimando que haya sido una herramienta indispensable para el resguardo de las policías y alertando sobre los peligros que esconde la nueva agenda impulsada por sectores de la oposición, que busca extender los privilegios legales a funcionarios que se encuentren fuera de servicio. Una reforma “jurídicamente innecesaria” Uno de los principales argumentos políticos para la aprobación de la Ley Naín-Retamal fue la necesidad de entregar mayor respaldo jurídico a las instituciones de orden para enfrentar el crimen organizado.
Sin embargo, para Villegas, el cuerpo legal partió de un diagnóstico erróneo. “La Ley Naín-Retamal no era una reforma necesaria desde el punto de vista jurídico, porque los funcionarios policiales y militares ya contaban con mecanismos normativos suficientes para justificar el uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de sus funciones”, sostiene la académica.
Según detalla, Carabineros, las Fuerzas Armadas, la PDI y Gendarmería ya poseían reglas específicas y eximentes de responsabilidad penal que les permitían actuar dentro de la legalidad. El principal problema de la reforma, advierte la profesora, es que desplazó el fundamento jurídico de la actuación estatal hacia una legítima defensa privilegiada, figura que califica como “conceptualmente confusa”.
Un policía, explica, no actúa como un particular que se defiende espontáneamente, sino como un agente del Estado sujeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En la práctica, la ley no habría cumplido su objetivo inicial frente a la crisis de seguridad.