El proceso de adopción del nuevo modelo de pasaportes en Colombia quedó envuelto en un ambiente de incertidumbre. El arranque oficial, anunciado por la Imprenta Nacional el 1 de abril, expuso la existencia de contratos irregulares y millonarios pagos en juego, así como una disputa judicial que permanece sin resolver.
La Procuraduría General de la Nación mantiene serios reparos sobre la legalidad de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de la Moneda de Portugal. En el centro de la controversia se encuentran cuatro contratos que son objeto de escrutinio, con sumas comprometidas que ascienden hasta $1,49 billones.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel La Cancillería firmó su cuarto contrato con la Imprenta Nacional para la elaboración de libretas tres meses antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, según se registró en la plataforma pública Secop el 29 de enero, apenas dos días antes de la vigencia de la Ley de Garantías. El contrato compromete más de $185.370 millones y complementa otros acuerdos previos, incluyendo un marco interadministrativo con ejecución hasta 2036 y un específico que responsabiliza a la Imprenta de la personalización y distribución de pasaportes hasta 2034.
La Procuraduría y el seguimiento a un proceso bajo sospecha El Ministerio Público expresó en febrero de 2026 su inquietud por la ejecución del convenio, al advertir que el acuerdo carece de una fecha de inicio y que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. El organismo aseguró en un comunicado que “abordará la suscripción de este nuevo negocio jurídico desde cada una de las acciones preventivas que se han entablado con respecto al suministro de pasaportes, al igual que desde cada una de las investigaciones disciplinarias en curso”.
Hasta el momento, dichas investigaciones no han arrojado resultados concluyentes. La incertidumbre creció en marzo, cuando la Cancillería intervino en el trámite judicial que adelanta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que puso en pausa una demanda que pretende anular el convenio internacional con Portugal.