El expresidente Gabriel Boric cuestionó este martes el proyecto de reforma constitucional que el gobierno de José Antonio Kast envió al Senado, y que busca crear un nuevo estado de sitio de hasta 240 días bajo control exclusivo del Presidente de la República. La crítica generó respuestas inmediatas desde el oficialismo, que puso en duda la autoridad de Boric para pronunciarse sobre una política de un gobierno que ya no es el suyo.

Boric hizo sus declaraciones durante la presentación del último libro de Mario Marcel, quien fue su ministro de Hacienda entre 2022 y 2026. Ante el público, calificó la propuesta como "una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena" y llamó a la oposición a plantarse con firmeza frente al proyecto.

El texto que Kast envió al Congreso el lunes contempla la creación de un estado de excepción constitucional ante amenazas graves e inminentes a la seguridad pública, con una duración inicial de ocho meses y posibilidad de extenderse si el Legislativo lo autoriza. Durante su vigencia, el Ejecutivo podría restringir la libertad de desplazamiento, los derechos de reunión y asociación, e interceptar comunicaciones y documentos privados. Las zonas afectadas quedarían bajo el mando de un Oficial General designado directamente por el mandatario.

La reforma también otorga al gobierno la facultad de declarar a una organización como terrorista o de crimen organizado, aunque ese paso requerirá un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, y deberá ser ratificado por el Senado en sesión secreta con dos tercios de los votos. En total son ocho las modificaciones constitucionales propuestas, parte de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que el gobierno espera discutir en un plazo de 15 días.

Chile no es ajeno a debates sobre estados de excepción prolongados. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, la suspensión de garantías individuales por periodos extensos quedó asociada a abusos que marcaron la memoria democrática del país. Esa referencia histórica explica en parte la dureza de la crítica de Boric, aunque el proyecto de Kast incorpora controles legislativos y judiciales que no existían en ese periodo.

Dentro del oficialismo, sin embargo, las reacciones no fueron uniformes. Mientras algunos sectores respaldaron la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado, otras voces cuestionaron que un expresidente sin cargo actual se posicione públicamente en contra de una iniciativa del gobierno en ejercicio. La discusión ocurre en paralelo a otro episodio de tensión interna: Kast debió reunir a los líderes de su coalición en La Moneda la semana pasada para bajar las divisiones que dejó el rechazo a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

El proyecto de reforma constitucional queda ahora en manos del Senado, que tiene 15 días para iniciar su discusión formal según lo establecido por el propio Ejecutivo al momento de ingresar la iniciativa.