Gendarmería de Chile trasladó el jueves pasado a 687 internos de alta peligrosidad hacia el nuevo recinto penitenciario La Laguna, ubicado en Talca, a 260 kilómetros al sur de Santiago. Entre los reos reubicados figuran cabecillas de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, estructura delictual de origen venezolano con presencia en varios países de la región, y la llamada Mafia Albanesa, una red vinculada al narcotráfico internacional que también opera en territorio chileno.
El operativo, bautizado como Operación Cancerbero, consistió en el traslado de los reclusos desde el Centro de Justicia de Santiago mediante una caravana de 21 vehículos, con resguardo de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). La jornada fue transmitida en vivo por la totalidad de los canales de televisión abierta del país, con imágenes captadas desde helicópteros de vigilancia y musicalizada con el tema Bye Bye Bye de la banda estadounidense NSYNC, un detalle que generó controversia inmediata.
Desde la oposición, distintos parlamentarios calificaron el despliegue como una "performance bukeliana", en alusión al estilo de comunicación que ha caracterizado al gobierno de El Salvador y su presidente Nayib Bukele, conocido por sus operativos masivos de traslado de reos difundidos como espectáculo mediático.
El presidente José Antonio Kast siguió el operativo y lo calificó como un hecho histórico. "El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites, y eso requiere una manera efectiva de poder enfrentarlo", señaló el mandatario, quien pidió al Congreso avanzar en la implementación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. El jefe de Estado detalló que las nuevas medidas para los reos de alta peligrosidad, entre ellas el uso obligatorio de uniforme, la prohibición de recibir encomiendas y la restricción de visitas a través de locutorios, surgieron de propuestas de parlamentarios y de la experiencia acumulada por Gendarmería y las policías.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respaldó la medida con una declaración directa: "Los cabecillas criminales no van a convertir las cárceles en sus oficinas ni seguir dando órdenes desde una celda. En las cárceles manda el Estado, no los criminales".
El traslado ocurre en un contexto de hacinamiento carcelario sin precedentes. Según cifras oficiales, Chile registra actualmente cerca de 65.000 personas privadas de libertad, la cifra más alta de su historia, frente a una capacidad instalada de 42.000 plazas en el sistema penitenciario. Aunque el nivel de sobrepoblación en el país está lejos de los índices críticos que enfrentan naciones como Haití, Guatemala o Bolivia, la presión sobre la infraestructura carcelaria chilena se ha convertido en un problema central de la discusión sobre seguridad pública.
