El presidente José Antonio Kast dejó en claro este jueves que no desplegará militares en las calles para combatir la delincuencia, y que no cambiará de postura aunque ello le signifique un costo político. La declaración la hizo en Lautaro, durante la octava versión del programa "Presidente Presente" en la región de La Araucanía.
Consultado sobre si podría recurrir a las Fuerzas Armadas para apoyar las labores policiales, Kast rechazó la idea de plano y puso como ejemplo el caso de Carlos Robledo Olguín, el llamado "conscripto de La Serena". Robledo Olguín fue condenado a 10 años de prisión por la muerte de un manifestante durante el estallido social de 2019, y continúa preso.
"¿Qué pasó con ese joven? Sigue preso. Y hoy día hay muchas personas que dicen: no, queremos más fuerza militar en la calle. ¿Y qué pasa si un conscripto dispara y mata a alguien? ¿Quién lo va a ir a defender?", preguntó el mandatario.
El argumento central de Kast es legal y político: las Fuerzas Armadas tienen como misión constitucional la protección de la soberanía, no el control del orden interior. Sacarlos a la calle sin un marco jurídico claro, dijo, dejaría a los conscriptos expuestos a procesos judiciales sin respaldo institucional. "No quiero arriesgar a jóvenes que salen con armamento de guerra a resguardar a la ciudadanía, porque después pueden quedar abandonados", afirmó.
Antes de evaluar ese tipo de despliegue, el gobierno exige que avancen en el Congreso las modificaciones a las RUF (Reglas del Uso de la Fuerza), que determinan en qué condiciones los uniformados pueden disparar durante operaciones de orden público. Ese proyecto, junto a otras iniciativas de seguridad, sigue en tramitación.
El caso Robledo Olguín tiene además otro ángulo pendiente: el gobierno analiza si le otorga un indulto presidencial. No hay plazos definidos para esa decisión.
La visita a Lautaro también sirvió para que Kast abordara otros frentes. Al comenzar su intervención, recordó la muerte de un niño de 12 años asesinado en San Bernardo y pidió un minuto de silencio por los menores víctimas del crimen organizado. La seguridad en La Araucanía, donde persisten los ataques vinculados al conflicto mapuche por tierras, también estuvo en la agenda del día.
