Pugna de Desbordes con el SLEP por salida de exrectora del Instituto Nacional revela arista judicial y salpica al Mineduc La tensión entre el alcalde y el Servicio Local de Educación Pública que administra los colegios de Santiago se elevó al máximo luego de las acusaciones de la autoridad comunal respecto de la continuidad del pago de sueldos a Carolina Vega, quien había sido destituida, pero sin un acto administratido formalizado. En el Segundo Juzgado de Letras de Santiago está alojada desde fines del año pasado una tutela laboral en contra del municipio de Santiago que representa Mario Desbordes.
Quien presentó la acción judicial es Carolina Vega Thollander luego de, según informó la propia municipalidad, haber sido destituida en octubre como rectora del Instituto Nacional por “negligencia grave” tras un episodio de agresión a un estudiante. Antes de su salida, la profesora estuvo casi dos meses suspendida mientras se desarrollaba el sumario.
Pero Vega nunca estuvo de acuerdo con la decisión tras una pesquisa que estableció que no adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad de un alumno, omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM), que hasta entonces todavía era el sostenedor del recinto. La profesional se defendió con la presentación de testigos y en sus descargos acusó “discriminación de género” y “persecución política”, algo descartado por la investigación sumaria interna.
Vale recordar que Vega llegó al cargo luego de ganar el concurso de la Alta Dirección Pública (ADP) del Servicio Civil a otros 153 postulantes en mayo de 2023, cuando Irací Hassler era la alcaldesa de Santiago y la eligió dentro de la terna de finalistas. Y así, a la espera del acto administrativo que debía oficializar su salida, Vega, tal como en junio lo hizo la exrectora del INBA María Alejandra Benavides, optó por una vía judicial, aunque ella presentó a fines del año pasado una tutela laboral, procedimiento judicial que según se lee en el Código del Trabajo está diseñado para proteger a los trabajadores cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados por su empleador, ya sea durante la relación laboral o al momento del despido.
Al respecto, Desbordes señala que “la tutela laboral no tiene nada que ver con el proceso administrativo. La exdirectora está en su derecho de concretar una acción que se hace por vía judicial.