La conexión chilena de la nueva ministra de comunicaciones del Papa: El caso Pavez La periodista mexicana que encabezará las comunicaciones de la Santa Sede, María Montserrat Alvarado, desde Becket Fund for Religious Liberty apoyó al estado chileno en el caso Sandra Pavez con Chile, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de que una profesora denunciara discriminación tras perder la autorización de la Iglesia Católica para enseñar religión por tener una relación con otra mujer. Noticias destacadas El martes, el Papa León XIV anunció el nombramiento de María Montserrat Alvarado como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación.
La periodista mexicana es la primera mujer laica en encabezar el organismo encargado de coordinar la estrategia comunicacional de la Santa Sede. Nacida en Ciudad de México, y hasta su nombramiento en el Vaticano, presidenta y directora de operaciones de EXTN News, Alvarado desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos.
Entre 2009 y 2023 ocupó distintos cargos en Becket Fund for Religious Liberty, una organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa. Desde ahí le tocó defender públicamente la postura de la iglesia católica en el caso “Sandra Pavez contra Chile” que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La causa tiene su origen en 2007, cuando la profesora de religión Católica del Complejo Educacional Municipal Cardenal Antonio Samoré de San Bernardo, Sandra Pavez, perdió el certificado de idoneidad que le había otorgado la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo luego de que se conociera que mantenía una relación con otra mujer. Ese certificado era un requisito exigido por la normativa chilena para impartir clases de religión católica en establecimientos educacionales.
La medida le impidió seguir enseñando esa asignatura, aunque continuó trabajando en el colegio y fue reasignada a un cargo directivo. Apoyada por Movilh, Pavez presentó un recurso de protección por vulneración de derechos ante la Corte de Apelaciones de San Miguel que fue rechazado el 27 de noviembre de 2007, y ratificada por la Corte Suprema el 17 de abril de 2008.