El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa, el organismo del Estado que administra los colegios y jardines infantiles de San Miguel, enfrenta una demanda civil por $180.068.008 luego de que una licitación de 2024 fuera declarada ilegal y arbitraria por el Tribunal de Contratación Pública (TCP), según informó BioBío Chile.

El origen del conflicto es una licitación abierta en 2024 para contratar servicios de mantención menor y atención de emergencias en los establecimientos de la red educacional pública de la comuna. El contrato se dividía en dos líneas geográficas, oriente y poniente, con un presupuesto base de casi 400 millones de pesos. Lo que finalmente se adjudicó terminó superando ese monto.

Juan Carlos Yáñez Palma postuló a la línea oriente. El 3 de enero de 2025, la Comisión Evaluadora le solicitó aclarar si participaba como persona natural o como empresa. Yáñez respondió que actuaba con su propio RUT como persona natural, pero la comisión le descontó puntaje en el criterio de requisitos formales por haber necesitado esa aclaración. Esa decisión fue el centro del litigio posterior.

El contrato de la línea oriente quedó en manos de la Constructora Eduardo Guillermo Álvarez González E.I.R.L., adjudicada por $510.495.850. La misma empresa ganó también la línea poniente, por $359.914.150. Yáñez presentó entonces una demanda ante el TCP, argumentando que las bases solo permitían restar puntos cuando faltaban documentos, no cuando se pedía una aclaración.

La demanda también cuestionó que la constructora recibiera puntaje máximo en el criterio de experiencia, pese a haber presentado certificados sin los contratos que las bases requerían y con un representante legal distinto al registrado en sus antecedentes.

Tras ocho meses de análisis, el TCP resolvió a favor del demandante. El tribunal declaró ilegal y arbitraria la evaluación y adjudicación de la línea oriente, concluyendo que fue improcedente asignarle cero puntos a Yáñez en el criterio formal, ya que las bases solo habilitaban esa penalización ante documentos faltantes, no ante aclaraciones. Con esa sentencia, Yáñez quedó habilitado para demandar en sede civil, lo que derivó en la acción por más de 180 millones de pesos que hoy enfrenta el SLEP Santa Rosa ante los tribunales civiles.