El desalojo del megacampamento del cerro Centinela, en San Antonio, entró esta semana en su segunda fase. La estrategia fue distinta a la primera: coordinación previa con los dirigentes y desalojos selectivos de personas armadas para reducir el riesgo de violencia.

Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso, explicó en radio Bíobío que el operativo se desarrolla "con absoluta tranquilidad". La operación apunta a desalojar 155 personas esta semana de un total de 1.029 que ocupan el terreno, cubriendo 5.3 hectáreas del megacampamento. El plazo para completar todo el procedimiento es un mes.

Detrás del operativo hay un problema de fondo. Millones reconoció que la provincia tiene un déficit de doce mil solicitudes pendientes del DS49, el decreto de subsidio habitacional para sectores de menores ingresos. "Es un número elevadísimo y significa que en un largo plazo se podrá dar respuesta", dijo. Por eso propuso un master plan que incluya a San Antonio, Santo Domingo y Cartagena. "El Gobierno debería destinar recursos especiales, porque van a pasar muchos años sin que estas familias tengan un techo propio", agregó.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que antes de esta segunda fase se ejecutaron desalojos selectivos de personas armadas. Esas personas controlaban sectores del campamento, en particular el área denominada "Fuerza Guerrera". Antecedentes de inteligencia de Carabineros advertían sobre presencia de crimen organizado y tráfico de drogas con capacidad de resistir con violencia.

La precaución tenía fundamento. Durante la primera fase del operativo, dos carabineros resultaron baleados cuando apoyaban el despeje de una barricada incendiaria. Ocurrió a inicios de este año, durante el gobierno anterior. La jefa de la Quinta Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, ya advertía entonces sobre presencia de crimen organizado y armamento que obligaba a planificar con cuidado cada acción.

Esa primera etapa logró desalojar 62 hectáreas y reubicar a 756 familias de las 105 hectáreas que no están bajo proceso de expropiación. El master plan que propone Millones aún no tiene financiamiento ni fecha oficial. Las doce mil familias en lista de espera del DS49 en la provincia siguen sin plazo de resolución.