La expansión de la demanda global de litio, impulsada por el auge de la electromovilidad y la transición energética, ubicó a Argentina como uno de los actores con mayor potencial del planeta. La nación sudamericana forma parte del “Triángulo del Litio”, junto a Bolivia y Chile, y concentra cerca de un quinto de los recursos mundiales de este mineral, según la U.S.
Geological Survey 2024. Sin embargo, la industria litífera argentina opera en una “zona gris” legal, una condición donde la ausencia de un marco regulatorio específico, la superposición de normas provinciales y nacionales, y los vacíos fiscales generan incertidumbre tanto para inversores como para el propio Estado.
PUBLICIDAD El litio se posicionó como un recurso estratégico, ya que el 83% de la producción mundial se destinó a baterías en 2022, con la electromovilidad dominando el 65% de la demanda total. La oportunidad para el país va más allá de la mera extracción: el desafío reside en cómo transformar ese recurso en desarrollo sostenible e inserción en cadenas globales de valor.
De acuerdo con la investigación de la Fundación Libertad y el Center for International Private Enterprise, el contexto regulatorio argentino muestra vacíos estructurales y una fragmentación institucional que limitan la capacidad de aprovechar el auge del “oro blanco”. El diseño institucional de la minería en Argentina asigna a las provincias la titularidad de los recursos minerales.
Esta distribución, establecida por la reforma constitucional de 1994, favoreció la proliferación de normativas dispares. PUBLICIDAD La titularidad del recurso por parte de las provincias favoreció la proliferación de normativas dispares La mayoría de los proyectos litíferos se localizan en Jujuy, Salta y Catamarca, provincias que avanzaron en la creación de empresas estatales mineras y esquemas propios de participación y regalías.