El asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo reabrió el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Varios alcaldes y parlamentarios exigen el despliegue del Ejército en las calles. El presidente José Antonio Kast rechazó la medida y la calificó de "solución populista". La respuesta del mundo comunal no tardó.
Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, salió a rebatir el argumento oficial de que los militares no están preparados para cumplir tareas de orden público. "Los municipios tampoco lo estábamos para enfrentar esta crisis y, aun así, hemos tenido que asumir nuevas tareas, contratar guardias, destinar recursos y adaptarnos porque la realidad nos ha sobrepasado", dijo. Para Iglesias, la falta de preparación no puede ser excusa cuando las familias viven con miedo.
El alcalde también exigió al Congreso que destrabara dos iniciativas legislativas paradas hace meses. Una es el proyecto de Infraestructura Crítica, que no tiene urgencia asignada. La otra es la comisión mixta sobre Reglas del Uso de la Fuerza, que aún no tiene designados a sus integrantes. "Lo que no puede seguir ocurriendo es que, frente a cada hecho de extrema gravedad, la respuesta sea explicar por qué algo no se puede hacer", señaló.
El diputado Cristián Tapia, independiente vinculado al Partido por la Democracia (PPD), respaldó el llamado de los alcaldes. Recordó que durante la pandemia de 2020 los militares patrullaron carreteras y espacios públicos sin mayores complicaciones. "Ellos no pertenecen a ningún color político, le pertenecen al Estado, son pagados con recursos del Estado", afirmó. Tapia advirtió además que el déficit de efectivos de Carabineros no se resolverá en uno o dos años, por lo que el personal militar podría cubrir parte de esa brecha en el corto plazo.
