Cuando la convivencia escolar deja de ser solo un problema de estudiantes Durante los últimos años, y especialmente tras el fin del confinamiento, los conflictos al interior de las comunidades educativas han aumentado de manera significativa. Un dato lo ilustra con claridad: las denuncias ante la Superintendencia de Educación por conflictos entre adultos (particularmente entre docentes y apoderados) crecieron en un 341% entre 2019 y 2025, pasando de 134 a 591 casos.
Algo se quebró en la convivencia escolar en Chile, y no estamos mirando del todo bien dónde ocurre. Este aumento no solo es preocupante, sino también revelador.
Durante mucho tiempo, la discusión sobre la violencia escolar ha tendido a centrarse en los estudiantes y en lo que ocurre dentro del aula. Sin embargo, los datos muestran que el problema es más amplio y que involucra de manera directa las relaciones entre adultos.
La convivencia escolar no se limita a lo que sucede entre alumnos: se construye —o se deteriora— también a partir del tipo de relación que se construye entre familias y escuelas. Para comprender este fenómeno, resulta clave atender a las explicaciones que los propios actores construyen sobre lo que está ocurriendo.
Profesores, apoderados, estudiantes y equipos directivos no solo viven el conflicto, sino que también le dan sentido desde sus propias experiencias. En ese proceso, emergen con fuerza lo que podríamos llamar “atribuciones cruzadas”: mientras las familias perciben que se les exige más de lo que pueden dar en contextos de alta carga laboral y escaso apoyo, los docentes sienten que deben responder a demandas que exceden su rol pedagógico y para las cuales muchas veces no cuentan con tiempo ni herramientas suficientes.