La ContralorÃa General de la República, a través de un oficio, dio a conocer que no dio curso al reglamento de la ley de aplicaciones de transporte, conocida como “Ley Uber”, por sendas deficiencias, como falta de fundamentos técnicos y jurÃdicos y ausencia de consulta pública, marcando un revés para la cartera liderada por Louis de Grange. En concreto, el órgano fiscalizador establece que el acto “elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehÃculos destinados a prestar a la ciudadanÃa los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mÃnima para su primera inscripción y cilindrada mÃnima, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurÃdicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.

Si bien durante el gobierno anterior el reglamento original buscaba equiparar exigencias entre vehÃculos de aplicaciones y los taxis, al exigir, por ejemplo, una cilindrada mÃnima de 1.400 cc, el texto enviado por la actual administración âa fines de abrilâ rebajó las condiciones buscando “evitar efectos negativos en el empleo”. “La versión anterior del reglamento pegaba muy negativamente en el empleo.

Afectaba en un 85%. Por lo tanto, estas flexibilizaciones regulatorias que estamos impulsando de cara a mejorar la calidad del servicio por una parte y, por otra, a favorecer el empleo porque yo creo que ayuda mucho a la polÃtica del gobierno de impulsar la economÃaâ, dijo De Grange el 27 de abril pasado.

ContralorÃa cuestiona fundamentos En ese sentido, la contralora Dorothy Pérez cuestiona los fundamentos detrás de aquella determinación. “Se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanÃa ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurÃdicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción, máxime si ello redunda directamente en el estándar mÃnimo exigible a otros servicios de transporte, como son aquellos realizados a través de las empresas de aplicación de transportes reguladas en la ley”, expresa el texto de ContralorÃa.

Al momento de presentarse el nuevo reglamento de la “Ley Uber”, el Ministerio de Transportes señaló que las modificaciones iban en directo beneficio de la “reducción de barreras de entrada, flexibilización de la operación y evitar efectos negativos en el empleo”, sin embargo, ahora ContralorÃa le señala a De Grange que aquello no está debidamente justificado.