Son 168 páginas, las que conforman la querella que los tribunales acogieron este lunes en contra del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje Capdeville. El documento materializa la causa penal del conflicto que ha sido la piedra en el zapato de su administración: la polémica por la paralización de las obras y posible demolición de casas en El Olivar.
La querella fue presentada por la empresa Social Arquitectura Ltda., en que acusa a Poduje; al seremi de Vivienda de ValparaÃso, Marcelo Ruiz y; al director (s) del Serviu regional, Rodrigo Muñoz, de haber desplegado una estrategia destinada a excluir a la entidad patrocinante y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024. Para ello, habrÃan utilizado resoluciones que en el documento se califican de ilegales.
El escrito imputa los delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y fraude al Fisco. De acuerdo a lo argumentado por la abogada Erika Maira Bravo, las actuaciones denunciadas habrÃan afectado directamente a 356 familias damnificadas cuyos proyectos habitacionales estaban siendo ejecutados.
La controversia se arrastra desde marzo pasado, cuando el Ministerio de Vivienda resolvió paralizar las obras de viviendas construidas por la empresa San Sebastián en El Olivar, argumentando la existencia de graves deficiencias técnicas detectadas durante fiscalizaciones extraordinarias. Posteriormente se anunció la demolición de parte de las viviendas y la desvinculación de las empresas involucradas.
Desde entonces, Poduje ha defendido públicamente las medidas adoptadas, sosteniendo que las viviendas presentaban problemas estructurales incompatibles con los estándares exigidos por el Estado, que su obligación era proteger a las familias afectadas y que los informes técnicos disponibles justificaban tales decisiones. Pero la querella sostiene exactamente lo contrario.