El panorama político venezolano registró un importante viraje institucional. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el número de personas que serán excarceladas en las próximas horas rondará finalmente las 500, una cifra que supera de forma significativa las 300 liberaciones proyectadas días atrás por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
La mandataria argumentó que este incremento responde directamente a las minuciosas revisiones técnicas realizadas entre las distintas instancias del sistema judicial, defendiendo que estas medidas constituyen avances sustanciales hacia la convivencia y la paz en el marco del denominado “renacer de Venezuela” en este 2026. Rodríguez emplazó a los actores sociales a asumir estas excarcelaciones con madurez y respeto, apuntando a la necesidad de una transformación cultural.
De acuerdo con los balances oficiales entregados por el Ejecutivo, en los 63 días hábiles de vigencia de la Ley de Amnistía se han registrado un total de 8.740 beneficiarios. En el desglose de estas métricas, 314 corresponden a personas que se encontraban privadas de libertad y que ahora obtuvieron la libertad plena, mientras que otras 8.426 que permanecían sometidas a medidas cautelares quedaron completamente exentas de restricciones judiciales.
Asimismo, la jefa de Estado recordó que antes de la entrada en vigor de la norma ya se había excarcelado a 885 personas el pasado 20 de febrero, elevando el consolidado neto de liberaciones acumuladas desde enero a 1.594 ciudadanos. A la par de los beneficios derivados de la amnistía política, la Comisión de Revolución Judicial contabilizó 3.630 liberaciones estrictamente vinculadas a la corrección de anomalías y retrasos severos dentro del sistema penal.
Esta cifra supera el rendimiento de fiscalización registrado durante todo el periodo anual de 2025, lo que fue utilizado por las autoridades para justificar la urgencia de una modernización de los tribunales. En este contexto, la presidenta encargada confirmó que el próximo 1 de junio arrancará un proceso de consulta nacional abierto a la ciudadanía, orientado a cimentar las bases de una reforma integral del sistema de justicia penal.