Chile lleva dos décadas discutiendo la misma pregunta sin responderla con precisión: ¿qué hace que un sistema regulatorio sea verdaderamente capaz de sustentar decisiones de inversión de largo plazo? El debate público ha girado en torno a la velocidad de los permisos, la extensión de los plazos y la densidad burocrática de los procedimientos.
Esas son variables reales, pero no son las más importantes. La experiencia acumulada en proyectos de minería, energía e infraestructura muestra que el problema de fondo no es la duración de los trámites, sino la solidez de las decisiones que los culminan.
Dos iniciativas en curso instalan este debate con urgencia. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) -Ley N°21.770- es la reforma más ambiciosa en permisología en décadas.
El Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, en tramitación en el Senado, interviene sustantivamente el régimen ambiental vigente en sus artículos 13 al 21, modificando el SEIA, el régimen de cautelares en los Tribunales Ambientales y los plazos de implementación de la Ley de Biodiversidad. Ambas declaran el mismo objetivo: otorgar certeza jurídica.
Pero hay una pregunta que ninguna responde con suficiente profundidad: ¿certeza en qué sentido preciso? La certeza que se declara y la que el sistema produce La certeza jurídica tiene al menos dos dimensiones que el debate público suele tratar como equivalentes sin serlo.