La administración del expresidente Gabriel Boric concedió diez pensiones de gracia a personas sin los requisitos médicos exigidos. La Contraloría General de la República detectó la irregularidad al revisar el expediente. Concluyó que el procedimiento disciplinario se había cerrado de forma improcedente y emitió un oficio que obligó al actual Gobierno a reabrir el proceso.
Las pensiones de gracia son beneficios vitalicios que el Ejecutivo otorga por decreto presidencial, generalmente a personas en situación de vulnerabilidad extrema. La Contraloría determinó que varios de los beneficiarios recibieron el pago sin acreditar los antecedentes médicos necesarios.
El Gobierno designó a Damary Rapaillán como fiscal investigadora la semana pasada. Las primeras diligencias comenzarán en los próximos días. Podrían incluir declaraciones de exfuncionarios y exautoridades de la administración Boric, según lo requiera el avance del sumario.
El ministro subrogante del Interior, Máximo Pavez, explicó el foco de la investigación. Apunta a los funcionarios de la División de Acción Social de esa cartera que tramitaron las pensiones irregulares. "Nosotros estamos cumpliendo la orden, que es reabrir el sumario y sustanciarlo como corresponde, y buscar, eventualmente, las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían, gente sin antecedentes médicos", señaló.
El sumario no es el único proceso abierto. El Gobierno también revisa las 348 pensiones de gracia que la administración anterior otorgó a víctimas del estallido social de octubre de 2019. Al término de esa auditoría, La Moneda publicará los resultados y las eventuales revocaciones. La Cámara de Diputados respaldó esa revisión a través de resoluciones aprobadas por parlamentarios de la coalición de gobierno.
