El jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, explicó en Cooperativa el modus operandi de una masiva red que se dedicaba al tráfico de productos del mar en el sur del país, y cuyos integrantes fueron formalizados esta semana. Tras recibir una denuncia al respecto en julio de 2024, los ilícitos quedaron al descubierto el pasado lunes con el despliegue de la "Operación Nereida", que permitió la detención de 55 personas, entre ellas, funcionarios de Carabineros y Sernapesca.
Según expuso la Fiscalía ante el Juzgado de Garantía de Valdivia este martes, la organización criminal operaba mediante tres subgrupos estructurados, que traficaban grandes volúmenes de recursos pesqueros desde la Región de Los Lagos hacia la capital de Los Rios, con ramificaciones hacia La Araucanía y la Metropolitana, y trabajaban coordinadamente para evadir controles sanitarios, de trazabilidad y tributarios. "Para nosotros, el resultado de este procedimiento y lo que ha ocurrido ayer es una formalización histórica para la región", destacó Aguayo en El Diario de Cooperativa, resaltando en particular que cuatro líderes de la banda quedaron bajo prisión preventiva.
El abogado detalló: "Había una coordinación estratégica, un financiamiento por parte de ellos para tomar ciertas decisiones de movimientos. Por ejemplo, para trasladar esta mercadería, había otros (integrantes) encargados de extraer y suministrar cantidades masivas de pescados, sin documentación legal, desde la Región de Los Lagos hasta nuestra región".
En concreto, recibían ingresos comercializando el producto ilícito -principalmente merluza austral, congrio dorado y locos- en la Feria Fluvial de Valdivia, acumulando ganancias por hasta 4.500 millones de pesos, patrimonio que luego blanqueaban a través de la adquisición de bienes o inscripción de activos a nombre de terceras personas. "Además,existía una serie de otras personas -entre ellas, funcionarios públicos- que permitían que esto llegara a su fin, y obtener estas ganancias", por lo cual, además de delitos como infracción a la Ley de Pesca, "también se formalizó por delitos de corrupción, en este caso cohecho agravado", puntualizó Aguayo.
Sumado a esto, "se estableció que desde que se organizaba la extracción ilegal, y luego la distribución hasta llegar a destino -que era finalmente la venta-, ellos tenían un rol importante para asegurar el éxito del movimiento" interregional de los productos. Con todo, el letrado destacó que los dineros involucrados "son montos bastante altos: por ejemplo, dentro de las operaciones comerciales realizadas durante este periodo, se logró determinar que eran más de 8.800 millones de pesos".