Abogados advierten riesgos tras vencer el plazo para nombrar al Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos A seis meses de que entre en vigencia la normativa, expertos señalaron que el Ejecutivo tendría que impulsar una ley corta para habilitar un nuevo proceso de nombramientos, para evitar, por ejemplo, retrasos en fiscalizaciones y sanciones. Noticias destacadas Hace dos semanas, el Senado rechazó por falta de quórum la terna propuesta por el Presidente José Antonio Kast para integrar el Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales, entidad que velará por el cumplimiento de la ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, que entra en vigencia el 1 de diciembre próximo.
Este lunes venció el plazo legal para la designación de los consejeros, es decir, seis meses antes de la entrada en vigor de la normativa, lo que abrió interrogantes respecto de la instalación de la nueva institucionalidad. Por ello, tres abogados especialistas en protección de datos advirtieron que esta situación plantea riesgos e incertidumbres y coincidieron en que el Ejecutivo podría impulsar una ley corta para habilitar un nuevo procedimiento de nombramientos.
La asociada senior del grupo AZ Tech-Albagli Zaliasnik, Antonia Nudman, dijo que el escenario debe analizarse con “cautela institucional”, ya que no se trata de la vacancia de un consejero dentro de una agencia en funcionamiento, sino de la “frustración” del proceso previsto. Y agregó que, tras el rechazo de la terna y el vencimiento del plazo legal, la solución “jurídicamente más robusta” sería una ley corta que regularice el procedimiento, habilite una nueva etapa transitoria de designación de los consejeros y establezca plazos para una nueva propuesta presidencial y el pronunciamiento del Senado.
“Si la Agencia no se encuentra plenamente constituida al 1 de diciembre, podría producirse una brecha institucional relevante entre la vigencia normativa del nuevo régimen -en que las obligaciones de los responsables y encargados de tratamiento de datos estarán vigentes- y la capacidad efectiva de ejercer las potestades públicas que la propia ley entrega a la autoridad de control”, dijo Nudman. En tanto, el gerente senior de intangibles, data privacy & technology de Deloitte Legal, Oliver Ortiz, dijo que la ley regula el caso en que el Senado no se pronuncie ante la propuesta presidencial, pero no contempla expresamente el escenario de rechazo.
Explicó que bajo una interpretación stricto sensu (en sentido estricto) de la ley, una vez vencido el plazo “no existiría un habilitador legal” para que el Ejecutivo pueda repetir el procedimiento de designación. Ortiz enfatizó que, si bien una ley corta podría tramitarse con urgencia de discusión inmediata, igualmente debería pasar por las distintas etapas del proceso legislativo, por lo que “el riesgo es que se dilate el proceso”, y que al 1 de diciembre la agencia no cuente con consejeros designados.