En las últimas semanas, la avalancha de solicitudes para construir plantas de biogás y biometano en España ha desatado protestas vecinales y debates entre organizaciones ambientales y autoridades locales. El conflicto se concentra en la forma en que se diseñan los proyectos, su encaje territorial y el destino final de los residuos que tratan.
Las instalaciones son digestores anaerobios, tanques cerrados donde se fermentan residuos orgánicos —de agricultura, ganadería, industria alimentaria, estaciones depuradoras y recogida urbana— para producir una mezcla de metano y dióxido de carbono, el biogás, o metano de alta pureza, el biometano. Como subproducto queda el digestato, que puede usarse como fertilizante, pero cuya gestión y trazabilidad generan dudas entre técnicos y comunidades.
En Europa existen aproximadamente más de 19.000 plantas de biogás y unas 1.700 de biometano, según cifras sectoriales. En España, hasta ahora un mercado pequeño, aparecen en trámite más de 200 proyectos pendientes de obtener permisos y de someterse a evaluaciones ambientales. Al mismo ritmo en que crecen las iniciativas, se multiplican las plataformas y recursos administrativos en contra.
La organización Ecologistas en Acción publicó recientemente una guía con criterios para evaluar cada proyecto y recomendó "analizar caso a caso". Marina Gros, representante de Ecologistas en Acción, dijo que "no estamos en contra de la tecnología, sino de los malos proyectos", y reconoció que dentro de la organización existen debates y visiones distintas sobre qué iniciativas aceptar.
El biólogo Fernando Valladares, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España, fue una de las voces más críticas. Señaló que, dado el escaso despliegue de plantas de tamaño medio o grande en España, lo que se propone carece de una mínima planificación territorial y lo calificó de "una locura". Valladares advierte que sin criterios claros de ubicación, suministro de materia prima y control del digestato, los beneficios ambientales prometidos pueden no materializarse.
Las críticas se concentran en tres puntos: la procedencia y competencia por materias primas (si se prioriza residuo local o subproductos agrícolas que podrían tener otros usos), la escala de las plantas y su relación con el territorio, y la regulación del digestato para evitar daños al suelo y a las redes hídricas. Defensores del sector sostienen que el biogás puede contribuir a la descarbonización y al tratamiento de residuos, pero piden reglas claras y transparencia.
Para Chile, el debate que se observa en España tiene lecciones prácticas. Proyectos de energías renovables y de gestión de residuos en nuestro país también enfrentan conflictos por planificación territorial, consulta ciudadana y control ambiental. La experiencia española subraya la necesidad de marcos regulatorios precisos, evaluaciones ambientales rigurosas y participación local para evitar contestaciones sociales.
Hoy, la situación en España sigue abierta: la guía de Ecologistas en Acción busca orientar la evaluación, las administraciones deben resolver las solicitudes pendientes y las plataformas vecinales mantienen recursos y movilizaciones. Los próximos pasos serán las resoluciones de impacto ambiental y la definición de criterios estatales y autonómicos para que la expansión del biogás no genere externalidades mayores que los beneficios que promete.
