Hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llegaron representantes de la Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, quienes entregaron una carta solicitando una audiencia con el ministro Fernando Rabat. El objetivo es manifestar su preocupación por decisiones recientes del Ejecutivo y del Congreso que, a su juicio, ponen en riesgo avances en memoria, verdad y justicia.

La acción se da en el marco de un encuentro nacional de las agrupaciones, instancia en la que calificaron las medidas del gobierno como “políticas de retroceso”. Así lo explicó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, quien entregó el comunicado en el Ministerio.

Tras la entrega del documento, las organizaciones leyeron una declaración pública en la que expresaron “preocupación e indignación” frente a una serie de medidas, entre ellas el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029 desde Contraloría, la falta de urgencia al proyecto que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda y la tramitación de la ley de conmutación de penas. Desde el Monumento Salvador Allende, la presidenta de la Agrupación de Damiliares de Detenidos, Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Iquique, Engracia Palominos, fue la encargada de transmitir lo que estaba escrito en la carta.

“Manifestamos nuestro rechazo categórico al proyecto de ley que busca otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad (…) Esta iniciativa constituye una estrategia de impunidad procesal”, declaró. En esa línea, las agrupaciones advirtieron que este tipo de medidas “pretende relativizar el horror y terrorismo de Estado” y recalcaron que los responsables “no han mostrado arrepentimiento alguno ni han entregado información sobre el paradero de nuestros familiares”.

Otro de los puntos cuestionados fue el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, el que calificaron como una “señal de alarma”. “Su debilitamiento o abandono constituiría un grave retroceso democrático”, afirmaron, exigiendo que se respeten íntegramente los 175 compromisos asumidos por el Estado.