Cuba publicó este jueves el paquete de reformas económicas más ambicioso de las últimas décadas: 176 medidas agrupadas en 23 ejes temáticos que apuntan a liberalizar y descentralizar una economía en crisis aguda. La presentación formal llegó dos semanas después de que el presidente Miguel Díaz-Canel adelantara el anuncio por sorpresa el 12 de junio.

El propio mandatario definió el conjunto como una "agenda económica y social de emergencia". El matiz más revelador surgió en una entrevista que Díaz-Canel concedió al grupo mediático dominicano Corripio: reconoció que la presión de Washington contribuyó a "acelerar" las decisiones, aunque insistió en que se trata de "soluciones cubanísimas" y un "ejercicio de soberanía". Reconocer la influencia externa mientras se invoca la soberanía es una tensión que el gobierno de La Habana no resolvió en su presentación.

La crisis que motivó las medidas tiene fecha de inicio clara: mediados de 2024. El deterioro se aceleró en enero, cuando Washington aplicó un bloqueo petrolero que afectó el suministro energético de la isla. En mayo llegó una segunda ronda: sanciones reforzadas contra sectores vitales y contra las empresas extranjeras que mantienen negocios con el gobierno cubano.

No es la primera vez que Cuba responde a una crisis profunda con apertura económica. En los años 90, el derrumbe de la Unión Soviética desató el llamado "Período Especial", una contracción severa del PIB. El gobierno de Fidel Castro respondió permitiendo pequeños negocios privados y la circulación del dólar. Esas medidas fueron parcialmente revertidas en los 2000. En 2011, Raúl Castro impulsó los "lineamientos", una ronda de reformas que amplió el trabajo por cuenta propia sin abandonar el control estatal. El patrón histórico muestra que las aperturas cubanas han sido cíclicas, y que su alcance final depende de cuánto tolere el Partido Comunista.

Las 176 medidas aún no tienen calendario de implementación. El gobierno tampoco ha especificado qué sectores se abrirán primero al sector privado. Díaz-Canel calificó los cambios como "urgentes y necesarios", palabras que contrastan con la gradualidad que La Habana ha impuesto históricamente a sus propias reformas.