Juez Urrutia con fuero sindical: la inédita situación que enfrentará la Corte de Santiago al deliberar su eventual remoción El magistrado es uno de los 56 funcionarios del Poder Judicial que están en el ojo del huracán luego de que viajaran al extranjero en momentos en que se encontraba con licencia médica. En este caso, existe protección especial al ser uno de los dirigentes gremiales de la OTJ.

Una inédita situación será la que tenga que resolver el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando revise el cuaderno de remoción que la Corte Suprema abrió contra el juez de Garantía Daniel Urrutia por un viaje que realizó en 2022 a Ecuador mientras tenía licencia médica. El caso ha generado un remezón al interior del Poder Judicial luego de que se conociera que jueces y funcionarios de la magistratura viajaran fuera de Chile en momentos en que se encontraban con reposo médico.

El martes, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que, amparándose en la superintendencia correccional y en el artículo 80 de la Constitución, el máximo tribunal decidió abrir 56 procesos de remoción que, luego de que se notifique la sentencia, serán revisados por la Corte de Apelaciones respectiva. Si bien Urrutia es solo uno de ellos, representa uno de los casos más complejos.

No solo por su controvertido perfil público, sino que también porque el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cuenta con fuero por ser presidente regional Santiago de la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ), uno de los tantos gremios del Poder Judicial. La defensa del magistrado, representada por el abogado Carlos Quezada, se encuentran preparando su alegato, específicamente por lo que fue un viaje en 2022 a Ecuador para recibir una terapia amazónica.

Ese es el hecho que más complica al juez, pese a que cuenta con otra situación similar de 2020 en Costa Rica, pero que ya está prescrita porque ocurrió hace más de cinco años. Cuando el pleno de la Corte de Santiago revise el cuaderno de Urrutia, se encontrará con una colisión de normas de la Carta Fundamental, o como dicen los abogados constitucionalistas, una tensión constitucional.