Un niño de 12 años murió en una encerrona en San Bernardo, un tipo de robo en que delincuentes bloquean el paso de un vehículo para asaltarlo. Varios adolescentes participaron en el crimen. El hecho aceleró la decisión del Gobierno de declarar urgencia legislativa al proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), el marco jurídico que desde 2007 regula el juzgamiento de menores infractores en Chile. El anuncio lo hizo el miércoles el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

La propuesta va mucho más allá de la medida más polémica: permitir que adolescentes de 16 a 18 años sean juzgados bajo el sistema penal adulto. Esto aplicaría, si el fiscal lo solicita y un juez lo autoriza, para un catálogo de 17 delitos graves, entre ellos homicidio y secuestro. La medida rompe con el principio de la justicia juvenil especializada, que separa el tratamiento penal de adultos y menores en prácticamente todo el mundo.

El paquete incluye tres cambios adicionales. El primero elimina el beneficio de la irreprochable conducta anterior, un atenuante que en Chile permite reducir las penas, para adultos que hayan sido condenados por esos delitos cuando eran menores de edad. El segundo eleva a 10 años el límite máximo de condena para menores de 16 años que cometan alguno de los delitos del catálogo. El tercero habilita el traslado a cárceles de adultos de quienes cumplan 18 años durante su condena, si el Servicio Nacional de Reinserción así lo recomienda.

La LRPA lleva casi dos décadas vigente sin una reforma estructural de fondo. El sistema establece la responsabilidad penal desde los 14 años, pero crea un régimen diferenciado que impide juzgar a los menores bajo el sistema adulto, independiente del delito. El debate sobre endurecerlo cobró fuerza en los últimos años, a medida que aumentaron los crímenes violentos con participación de adolescentes.

"Durante demasiado tiempo Chile fue debilitando la autoridad y relativizando la violencia", dijo Arrau. Admitió que recuperar el orden no depende solo de una ley, pero insistió en que el Estado debe responder con firmeza ante los delitos graves. El proyecto deberá ser debatido en el Congreso, donde la urgencia activada obliga al Parlamento a votar en plazos acotados.