Un proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso busca endurecer las sanciones contra los llamados “estacionadores ilegales” o cuidadores informales de vehículos en la vía pública, estableciendo multas e incluso penas de cárcel para quienes ejerzan esta actividad sin autorización. La iniciativa, presentada por el diputado Cristián Araya, surge en medio del aumento de denuncias por cobros indebidos, amenazas a conductores y ocupación irregular de espacios públicos en distintos sectores del país, especialmente en barrios gastronómicos, zonas turísticas y eventos masivos: el objetivo es “recuperar el control de las calles”, dijo el parlamentario.
Actualmente, el proyecto plantea sancionar a quienes cobren por “vigilar”, “guiar maniobras de estacionamiento” e incluso limpieza y cuidado de vehículos en bienes nacionales de uso público sin autorización municipal o del propietario o administrador de dicho bien público. Las penas contempladas irían desde multas de entre 10 y 50 UTM hasta reclusión menor en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días de cárcel.
En casos de reincidencia, las penas podrían aumentar hasta 3 años y un día de presidio. Para la abogada y académica de la Universidad del Alba, Yennifer Rojas Milla, el proyecto busca enfrentar un fenómeno que ha dejado de ser únicamente una falta administrativa.
“Lo que intenta hacer esta iniciativa es tipificar conductas que hoy muchas veces quedan en un vacío legal o terminan solamente en multas difíciles de cobrar. El debate jurídico está en determinar cuándo estas prácticas afectan efectivamente la seguridad pública o implican coacción hacia las personas”, explica.
La especialista agrega que la propuesta también abre una discusión sobre proporcionalidad penal y fiscalización. “Hay una diferencia entre una persona que eventualmente pide una colaboración informal y organizaciones que controlan espacios públicos, exigen pagos o intimidan a conductores.