El Gobierno planea introducir cambios a la Ley Karin, la norma clave para prevenir y sancionar el acoso y la violencia en el trabajo, mediante ajustes administrativos que buscan distinguir con mayor claridad entre acoso, violencia laboral y otros conflictos. La iniciativa, que podría hacerse presente en el segundo semestre, busca también aliviar la carga de las instituciones encargadas de recibir y tramitar las denuncias.
Según lo publicado por La Tercera, las modificaciones se implementarán vía administrativa y no se descarta avanzar en reformas legislativas si el Ejecutivo lo considera necesario. El objetivo central es descomprimir la carga de la Dirección del Trabajo (DT) ante el elevado volumen de denuncias que administra este organismo.
El profesor Luis Lizama, académico de la Universidad de Chile, evalúa la Ley Karin con una lectura de luces y sombras. Por un lado, destaca el cambio cultural que introdujo la norma al exigir modelos de prevención y protocolos para evitar actos de acoso y violencia en el trabajo; por otro, señala deficiencias en la rapidez de las respuestas y en la saturación de la DT, que pueden prolongar procesos y generar incertidumbre para empleadores y trabajadores. “luces y sombras”, “ha sido un avance”, comenta el académico en una entrevista con medios universitarios.
Entre las críticas, Lizama subraya que la principal dificultad de la Ley Karin está en la definición de acoso, lo que dificulta distinguirlo de otros conflictos laborales y puede abrir vacío interpretativo en casos concretos. Este punto técnico se mantiene como el cuello de botella que, según el experto, impide una aplicación más ágil y uniforme de la norma.
En suma, el Gobierno espera avanzar con cambios durante el segundo semestre mediante medidas administrativas, y no descarta proponer reformas legislativas si fuese necesario. En Chile, la discusión se inscribe en un contexto de mayor cultura de prevención y de respuesta institucional frente a denuncias, un tema de interés directo para empresas y trabajadores del país.