La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) realiza más de mil inspecciones mensuales en todo el país, el doble de lo que hacía entre marzo y junio del año pasado. La razón es concreta: las empresas Wom y Claro tienen compromisos firmados con el Estado para desplegar la red 5G, la tecnología de quinta generación que promete velocidades muy superiores al estándar actual, y el gobierno quiere asegurarse de que esos plazos se cumplan.
La entidad, liderada por Romina Garrido como subsecretaria, no espera que las operadoras reporten sus propios avances. Las inspecciones cubren infraestructura a nivel nacional, con foco en zonas rurales y rutas donde la señal de celular es crítica para la seguridad vial. En esas visitas, los fiscalizadores han encontrado cortes de energía en antenas, sitios vandalizados y robo de baterías de respaldo, además de sectores con conectividad deficiente.
Junto con las inspecciones, la Subtel realiza reuniones semanales con representantes de Wom y Claro para revisar el avance del despliegue 5G. El esquema busca detectar problemas antes de que se conviertan en incumplimientos formales, lo que podría derivar en multas para las operadoras.
"Estamos haciendo un estricto seguimiento de avance y cumplimiento de obligaciones de nuestros regulados", declaró Garrido, quien apuntó que la prioridad es que la conectividad llegue a las zonas donde más se necesita.
La fiscalización intensiva forma parte de una estrategia con dos frentes. Por un lado, reducir la burocracia para facilitar la instalación de antenas. Por otro, exigir que las operadoras respeten lo que comprometieron al ganar las licitaciones del espectro radieléctrico. La Subtel anticipó que el ritmo de más de mil fiscalizaciones mensuales se mantendrá durante todo el período de gobierno.
