Este miércoles, a las 10:30 horas, está programado el inicio formal del segundo trámite legislativo de la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast en el Senado. La discusión del proyecto, bautizado como "Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social", arrancará en la Comisión de Hacienda, luego de que la Sala de la Cámara Alta ratificara el acuerdo previo de los comités.
La votación en el Pleno desestimó la postura de sectores de la oposición que solicitaban que la iniciativa fuera revisada por hasta cuatro o cinco instancias, incluyendo Constitución y Vivienda. Con esto, el proyecto seguirá un camino similar al de la Cámara de Diputadas y Diputados y será analizado de forma sucesiva por tres comisiones: Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, siempre y cuando la Sala apruebe la idea de legislar en general.
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), valoró "con una dosis de optimismo el hecho de que haya tanta intención de profundizar en el estudio de este proyecto y que quizá eso pueda vulnerar una primera barrera que, por lo menos públicamente se ha manifestado, de ni siquiera estar disponible a legislar sobre este proyecto". "Espero que de verdad se pueda dar esa conversación, esa reflexión y eso que ha sido tan característico del Senado", agregó el extimonel gremialista.
Quiroz y el inesperado requerimiento financiero El inicio de este debate estará condicionado por la sorpresiva decisión del Ejecutivo de pedir autorización al Congreso para aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares adicionales a lo presupuestado para este año. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó el millonario monto debido a una marcada sobreestimación de los ingresos fiscales y a deudas heredadas de la Administración anterior.
"Esa diferencia, más el efecto de tipo de cambio —porque la autorización de deuda está en dólares y cuando el tipo de cambio cae son menos pesos— nos deja una necesidad de 4.700 millones de dólares. Si nosotros solo pidiéramos eso, estaríamos postergando exigencias que se deben pagar porque son proveedores del Estado, muchos de ellos Pymes.