El abogado y subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Pietro Sferrazza, considera que a través de varias señales, el Gobierno ha atacado el corazón de las políticas públicas destinadas a las víctimas de la dictadura y sus familiares. El también académico de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios reflexionó sobre los hechos que han marcado la agenda en materia de derechos humanos durante los últimos dos meses.
Desde el desmantelamiento del equipo del Plan Nacional de Búsqueda, pasando por el freno del Ejecutivo a la expropiación de Colonia Dignidad, hasta la inclusión del Programa de Derechos Humanos en una lista de 142 iniciativas estatales que el Ministerio de Hacienda sugirió descontinuar. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Sferrazza afirmó que se trata de “señales muy preocupantes”, que partieron con la desvinculación de la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, de la encargada del área de búsqueda, Magdalena Garcés y de la encargada de archivos, Tamara Lagos.
Aseguró que entiende la necesidad de las administraciones de turno de realizar cambios en los equipos, pero al mismo tiempo, recalcó: “Existe un estándar internacional de que los órganos de derechos humanos tienen que contar con profesionales técnicos, capacitados y con formación en el área”. “Me parece que esta decisión no es coherente con ese estándar.
Hasta donde yo sé, y con todo el respeto que me merece Constanza Garrido, la nueva secretaria ejecutiva, ella no tiene competencias comprobadas en materia de justicia transicional. En cambio, las funcionarias que fueron despedidas vienen de hace tiempo trabajando en el Programa o en materias vinculadas con la justicia transicional y que contaban con la legitimidad de las víctimas”, observó.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos también mostró preocupación por la propuesta de Hacienda de descontinuar no solo el Programa de Derechos Humanos, sino que también el Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS), que desde hace décadas se encarga de entregar prestaciones de salud y apoyo psicosocial a familiares y víctimas de crímenes cometidos en dictadura. A su juicio, se están pasando a llevar las políticas públicas clave destinadas a ese grupo de personas.