El presidente José Antonio Kast promulgó la ley Escuelas Protegidas, que entrega a los colegios nuevas herramientas para enfrentar amenazas y el ingreso de armas a las aulas. La ceremonia oficial marcó el cierre de un proceso legislativo que el Congreso despachó en junio pasado.

La normativa autoriza a los establecimientos a incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias de los estudiantes. El procedimiento deberá ejecutarlo personal capacitado y no contempla revisiones corporales ni de vestimenta, según establece el texto legal.

Kast defendió la medida con una analogía aeroportuaria. "Cuando ustedes se suben a un avión, le dicen: 'Mire, pase su mochila por aquí'. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila", señaló el mandatario. Bajo esa lógica, remató con la frase que resumió la jornada: "El que nada hace, nada teme".

Las cifras que respaldan la urgencia de la ley provienen de Carabineros de Chile, que registró un promedio de 893 delitos por porte de armas al interior de escuelas durante el año pasado. A eso se suma un antecedente de la Superintendencia de Educación: los casos de maltrato contra adultos en establecimientos escolares subieron de 441 en 2023 a 695 en 2025.

El texto que hoy es ley llegó recortado tras el paso por el Tribunal Constitucional (TC), que eliminó disposiciones cuestionadas por la oposición luego de un requerimiento presentado tras la aprobación en el Congreso. Entre los puntos suprimidos figura la intervención de Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI) en las revisiones cuando un estudiante se niega a colaborar, y también la norma que dejaba sin acceso a la gratuidad universitaria por cinco años a quienes fueran condenados por violencia escolar.

Con los ajustes del TC, la ley mantiene la facultad de los profesores para aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias inmediatas ante hechos de violencia, siempre bajo el criterio de proporcionalidad. Los reglamentos escolares deberán además prohibir elementos que impidan identificar el rostro de los estudiantes y calificarán como falta grave las amenazas que interrumpan las actividades académicas.