Durante la cuenta pública el Presidente Kast anunció el plan de Infraestructura Penitenciaria proyectado hasta 2030. El gobierno pretende modernizar el sistema carcelario y ampliar en más de 20 mil nuevas plazas con el objetivo de reducir el hacinamiento.
Además, incluyó programas de reinserción y rehabilitación en ejes como educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones, etc. El gobierno recogió el guante de sus antecesores.
Los ministros anteriores de la cartera en el último tiempo, Larraín, Cordero y Gajardo, habían priorizado este tema en la esfera pública. La situación en Chile es crítica: según las cifras de Gendarmería, a diciembre de 2025 se reportaban 62 mil internos, en contraste a una capacidad de 42 mil plazas.
El sistema penitenciario está altamente exigido y apremiado, con una sobrepoblación carcelaria del 146% que genera diversos problemas asociados: episodios de violencia interna, fallas críticas en infraestructura y habitabilidad, se obstaculiza el objetivo de reinserción social, dificultad para el control institucional, permite actuar al crimen organizado desde su encierro, incentiva la corrupción, deteriora la salud mental y física de los internos. Tampoco debemos olvidar los trágicos episodios de incendio en la cárcel de San Miguel (2010), Colina II (2009), y el penal de Iquique (2001) que grafican los lamentables problemas de infraestructura, gestión y respuesta ante emergencias.
Hay dos cuestiones que conviene subrayar. Primero, el gobierno asumió una política penitenciaria que ha trascendido administraciones y que está estrechamente vinculada con la dignidad humana.