Abrir el sistema escolar: una deuda con las familias Esta semana, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de ley que busca facilitar la creación de establecimientos educacionales. Se trata de una iniciativa necesaria y positiva, que debe seguir avanzando, pero que aún resulta insuficiente para generar un impacto real en el sistema.
La Ley de Inclusión, publicada en 2015, generó una serie de efectos negativos, especialmente en la educación particular subvencionada. La excesiva carga burocrática derivada de su implementación implicó que parte de las subvenciones debieran destinarse al cumplimiento de nuevas exigencias.
El cambio de personalidad jurídica de los sostenedores y la obligación de adquirir la propiedad del inmueble supusieron altos costos que solo un porcentaje muy menor pudo asumir, lo que llevó a postergar esta exigencia en más de una ocasión. A ello se suma que la obligación el requisito de acreditar la existencia de una demanda insatisfecha para recibir subvención por primera vez obstaculizó la creación de nuevos colegios, petrificando el sistema al restringir la creación de más oferta.
Los datos permiten observar las consecuencias de esta regulación. Tras la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, la cantidad de sostenedores activos de establecimientos particulares subvencionados muestra una disminución de 8% desde 2016, mientras que en los establecimientos particulares pagados se observa un aumento de 21%.
En la misma línea, los particulares subvencionados en funcionamiento se redujeron en 8,2%, mientras que los particulares pagados incrementaron en 68,6%. Las cifras hablan por sí solas.