La presentación de un proyecto impulsado por diputados del Partido Comunista para modificar aspectos de la Ley Naín-Retamal reabrió el debate sobre una de las normas más controvertidas en materia de seguridad pública. Entre los cambios propuestos figura la eliminación de la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, uno de los puntos más cuestionados desde su aprobación en 2023.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de nuestra casa de estudios, Alejandra Mohor, sostuvo que tres años después de la entrada en vigencia de la ley todavía no existe evidencia suficiente para evaluar sus efectos reales en materia de seguridad. ―¿Cómo observa el debate que se reabrió en torno a la Ley Naín-Retamal?
Desde que se presentó el proyecto hubo cuestionamientos importantes respecto de si una ley de esta naturaleza era realmente necesaria. Muchas veces, lamentablemente, la discusión legislativa sobre iniciativas en materia de seguridad se lleva adelante sin diagnósticos claros.
Hoy vemos parlamentarios que sostienen que la ley ha funcionado y que derogarla le quitaría herramientas a las policías para combatir el crimen, pero la pregunta sigue siendo la misma: cuál es la demostración de que esta ley ha tenido un efecto positivo en las capacidades que tienen los funcionarios policiales de prevenir y perseguir el delito. No existe evidencia que nos permita contrastar los argumentos con datos, con información.
A tres años de la vigencia de la ley la preocupación es precisamente esa: cuál ha sido el efecto. ¿Ha habido un efecto de la ley en las capacidades de la policía para prevenir y combatir los delitos?