La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó este 24 de marzo la llamada Ley Litio la cual otorga al gobierno mexicano el control total sobre el mineral, considerado ahora de “utilidad pública”. Esta decisión responde al impulso legislativo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y determina que la exploración, explotación y beneficio del litio quedan reservados exclusivamente al Estado.
Pero, más allá de haber sido declarado como patrimonio de la Nación, ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión para los mexicanos? ¿En qué consiste la ley litio?
Nacionalización del litio: Declara al litio como patrimonio de la nación y establece que su explotación es exclusiva del Estado mexicano. Prohíbe la participación de empresas privadas nacionales o extranjeras en la exploración y extracción del mineral.
Creación de un organismo estatal: Funda una empresa pública llamada Litio para México (“LitioMx”), encargada de la administración, control y desarrollo de toda la cadena productiva del litio, desde la exploración hasta la comercialización. - Restricción de concesiones: Establece que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones a particulares para actividades relacionadas con el litio.
Protección ambiental: Incluye disposiciones para que la extracción y manejo del litio respeten las normas ambientales vigentes. - Soberanía energética: Busca fortalecer la soberanía y seguridad energética de México, considerando al litio como un recurso estratégico para el desarrollo tecnológico y económico nacional.