El Decreto Ley Nº 656, conocido desde entonces como Ley de Bosques, se dictó el 17 de octubre de 1925 y su texto definitivo fue publicado el 30 de junio de 1931 como Decreto Supremo Nº 4363 del Ministerio de Tierras y Colonización, firmado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo y el ministro Edecio Torrablanca. Ese cuerpo legal sentó las bases de una política estatal para proteger y recuperar las coberturas arbóreas en Chile.
La norma nació en un contexto de deforestación extensa que se había gestado durante siglos por extracción de leña, demanda de la minería, maderas para la construcción y el despeje de tierras para ganadería y agricultura. Los documentos de la época describen paisajes desde la Cordillera de la Costa hasta la Patagonia con escasez de bosques, mayor escurrimiento de aguas y procesos de erosión que afectaron ríos y desembocaduras. Ante ese diagnóstico, se recomendó como solución la revegetación de bosques las tierras deforestadas, la regulación de la tala y la limitación del uso del fuego para el desmonte.
En los antecedentes consultados aparecen referencias a asesorías técnicas, tanto extranjeras como nacionales; los archivos mencionan a Federico Albert como uno de los asesores técnicos citados en las discusiones sobre medidas de revegetación. El decreto formalizó una política pública de protección de bosque nativo y de plantación para recuperar suelos degradados.
Con el paso de las décadas, la ejecución de esa política tomó distintas modalidades. El impulso estatal al establecimiento de plantaciones, principalmente con especies exóticas como pino y eucalipto, favoreció la consolidación de la industria forestal y la exportación de madera y celulosa. Ese modelo generó beneficios económicos pero también abrió tensiones ambientales y sociales, especialmente en las zonas sur y centro sur del país, donde comunidades locales y pueblos indígenas han planteado preocupaciones por el acceso al agua, la pérdida de diversidad nativa y la ocupación del territorio.
La vigencia de la ley atravesó periodos políticos convulsos. Entre 1925 y 1935 Chile tuvo dos juntas militares, un breve gobierno de Arturo Alessandri Palma y el primer mandato de Carlos Ibáñez del Campo; pese a esas turbulencias, el marco legal forestal perduró y se adaptó a distintas administraciones. Edecio Torrablanca, ministro de Tierras y Colonización y firmante del decreto, aparece en las fuentes de la época como profesor y político responsable de impulsar la normativa en el gabinete.
Hoy, la política forestal está administrada por el Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal, CONAF, entre otras instituciones. El centenario vuelve a poner la ley en el centro del debate público: por un lado, su legado de recuperación y masificación de la actividad forestal; por otro, la necesidad de actualizar regulaciones para proteger el bosque nativo, enfrentar el cambio climático y atender demandas territoriales de comunidades afectadas.
La conmemoración invita a revisar, con evidencia científica y participación comunitaria, qué aspectos de aquel marco de 1925 siguen vigentes y cuáles requieren reforma. En los próximos meses, universidades, organizaciones ambientales y actores del sector productivo deberán confrontar diagnósticos y propuestas para que la política forestal del siglo XXI concilie producción, biodiversidad y usos del agua.