El debate por el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública llegó al consejo general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), celebrado este viernes en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Fue ahí donde el Presidente José Antonio Kast fijó su postura: el despliegue de uniformados será posible solo si cuentan con un marco legal que los proteja ante eventuales condenas.
La discusión se instaló con fuerza tras el asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo durante una encerrona, modalidad delictiva en que delincuentes interceptan vehículos para robarlos. El crimen generó presiones desde distintos sectores políticos para que el gobierno movilice a los militares a las calles.
Kast apuntó sin ambages contra quienes históricamente "denigraban y denostaban" a las instituciones castrenses y ahora reclaman su intervención. "Lo que no puede ser es que aquellos que denigraban y denostaban a nuestras FF.AA. y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle", afirmó el mandatario.
A esa crítica sumó una advertencia directa: "Pero si el militar actúa y si sale con armamento letal, ¿lo van a defender? Seguramente lo van a dejar abandonado".
El Presidente precisó que cualquier colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad requiere condiciones claras. "Si les vamos a pedir ayuda, lo vamos a hacer de manera responsable y teniendo claridad que, si ellos tienen que colaborar, van a tener el respaldo político y jurídico que garantice que ninguno de ellos termine condenado a 10, 20 o 15 años", indicó.
La UDI también le entregó al Presidente el documento "Una agenda social para Chile", con propuestas elaboradas durante los primeros 100 días de gobierno en materias de seguridad, migración, reactivación económica, salud, vivienda y probidad. Al término del consejo, Kast dedicó palabras al recuerdo de Jaime Guzmán, abogado y fundador de la UDI asesinado en 1991, al cumplirse 35 años desde su muerte.
