A casi siete años del estallido social, el Congreso vuelve a confrontar una de las disputas más irresueltas de ese período: qué hacer con los uniformados que fueron condenados por delitos cometidos durante las jornadas de protesta de octubre de 2019 y los meses posteriores.
El Partido Nacional Libertario (PNL) presentó un proyecto de ley para conceder un indulto general a miembros de Carabineros y las Fuerzas Armadas sentenciados por actuaciones vinculadas al control del orden público durante esas semanas. La bancada del Partido Republicano respaldó la iniciativa y la calificó como un "acto de justicia" hacia quienes, a su juicio, cumplieron con su deber institucional.
La senadora Vanessa Kaiser, vocera de la propuesta, sostuvo que el proyecto busca poner fin a lo que describió como una "persecución judicial en contra de Carabineros" y planteó que resguardar a los uniformados es una condición necesaria para preservar la seguridad pública.
Pero la iniciativa no encontró eco uniforme ni siquiera en la derecha. El senador Miguel Becker, de Renovación Nacional, manifestó su disposición a revisar las situaciones particulares de los condenados, aunque rechazó la fórmula general. Para Becker, cada caso debe analizarse por separado, con sus propias circunstancias y pruebas.
La misma postura adoptó el senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista, quien se opuso a cualquier beneficio de carácter amplio. Espinoza señaló que si existe mérito para una excepción, debe examinarse de forma individual.
El debate quedó trazado con nitidez: el PNL y Republicanos defienden que un indulto general es la única fórmula para reparar lo que consideran una injusticia colectiva contra los uniformados, mientras que desde Renovación Nacional hasta el Partido Socialista se insiste en que cualquier beneficio debe evaluarse caso a caso.
