Su padre convocó un punto de prensa para presentar la propuesta. La "Ley Alejandro" busca que quienes participen en encerronas, los robos en que atacantes cortan el paso a sus víctimas usando vehículos para atacarlas, u otros crímenes de alta violencia cometidos en grupo, reciban cárcel efectiva sin atenuantes ni acceso a beneficios penitenciarios, sin importar la edad del imputado. "Aunque ninguna sentencia devolverá a mi hijo, los responsables deben enfrentar las máximas sanciones que contempla la legislación", dijo.
La familia también apunta a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), el cuerpo legal que rige las sanciones para menores infractores en Chile. Su argumento es que el sistema no responde de forma proporcional a delitos de esta gravedad, lo que permite que imputados jóvenes accedan a salidas alternativas con penas reducidas. Es un debate que el Congreso ha postergado por años, pese a casos similares reiterados.
Junto a las demandas penales, los padres pidieron al Estado apoyo para las víctimas: una pensión provisoria que les permita atravesar el duelo y reorganizar su vida laboral. La solicitud amplía el alcance de la iniciativa más allá de lo penal.
El Presidente José Antonio Kast respaldó la propuesta este lunes y anunció que convocará a una reunión con la familia de Alejandro y con parientes de otras víctimas menores fallecidas en situaciones similares. El encuentro se realizará tras su regreso de una gira oficial por Paraguay y Uruguay.
El respaldo presidencial transforma el alcance del caso. La "Ley Alejandro" deja de ser solo el pedido de una familia y se convierte en una palanca política para reformar la LRPA. Kast no precisó fecha para el encuentro con las familias, pero indicó que ocurrirá al término de su gira.
