La senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del PS, presentarán una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables por eventuales delitos revelados en las conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, foto arriba, recién nombrado embajador de Chile en Israel por el gobierno de Kast. Este es un nuevo y complejo flanco judicial sacude los recientes nombramientos diplomáticos del Ejecutivo.

La senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos militantes del Partido Socialista (PS), presentarán una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables por los eventuales delitos tributarios y de corrupción revelados en una serie de conversaciones que involucran de manera directa al abogado Gabriel Zaliasnik, recientemente designado como embajador de Chile en Israel por la administración de Kast. Los antecedentes que fundan la acción legal de los parlamentarios fueron publicados originalmente por el medio de comunicación Reportea.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, las comunicaciones telefónicas delatan una serie de maniobras coordinadas entre Zaliasnik y el principal imputado de la causa general, el abogado Luis Hermosilla. El catálogo de irregularidades: Gastos reservados, ENAP y espionaje La denuncia que ingresará al sistema judicial detalla hechos de extrema gravedad que configuran una serie de ilícitos penales de carácter funcionario.

Entre los delitos que los legisladores solicitan investigar con urgencia se encuentran la malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. La carpeta que revisarán los fiscales de la causa agrupa las siguientes conductas presuntamente delictivas: En primer lugar, los antecedentes muestran una solicitud explícita para acceder a gastos reservados del Estado con el fin de financiar una defensa penal privada.

Asimismo, se detectó la gestión de honorarios a través de la entonces presidenta del directorio de ENAP, en paralelo a la vigencia de un contrato con la misma empresa estatal. Por otra parte, los chats evidencian una supuesta intervención en nombramientos judiciales y solicitudes de fallos favorables ante los tribunales de alzada.