Chile suma veinte acusaciones constitucionales en los últimos diez años, once durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y nueve en el gobierno de Gabriel Boric. Para los autores de un nuevo proyecto de reforma, esa inflación no refleja un Congreso más activo en su función fiscalizadora, sino el síntoma de una herramienta que se usa mal.
La acusación constitucional (AC) es el mecanismo más poderoso del control parlamentario: permite a la Cámara de Diputados fiscalizar y, si corresponde, destituir a ministros de Estado y magistrados de los tribunales superiores de justicia. No es una herramienta de uso cotidiano. O no debería serlo.
El proyecto propone elevar de 10 a 20 el número mínimo de diputados que deben patrocinar un libelo, el nombre formal del documento que inicia el proceso. También exigiría que los ministros rindan cuentas en una interpelación, una sesión formal de preguntas parlamentarias, antes de que pueda activarse la acusación. Ambos cambios apuntan a lo mismo: que el proceso más gravoso del control parlamentario no se active con el respaldo de un grupo reducido ni sin haber intentado vías menos disruptivas primero.
La idea tiene raíces históricas claras. Alexander Hamilton defendía el juicio político como el instrumento mediante el cual la legislatura exige cuentas a quienes ejercen funciones públicas. Montesquieu, filósofo político francés del siglo XVIII, construyó sobre esa misma lógica el principio de separación de poderes: no basta dividir las funciones del Estado, hay que diseñar mecanismos de control mutuo entre los órganos que las ejercen. Sin eso, la separación de poderes es solo texto.
El proyecto aún no tiene fecha de votación en el Congreso. Pero el diagnóstico es difícil de rebatir: la AC no fue diseñada para castigar ni para hacer ruido político. Su función es proteger el interés público cuando una autoridad abusa del poder o descuida gravemente sus responsabilidades. Convertirla en munición de la disputa cotidiana no la fortalece, la vacía.
