“Este reporte es alarmante, acá nos damos cuenta que el activismo ambiental es comunitario y está vivo gracias a la resiliencia de las mujeres a lo largo de todo el territorio” advierte Paulina Ibarra, co-fundadora y Directora Ejecutiva de Fundación Multitudes. La anterior es una de las reflexiones luego de la presentación del Informe “Defensoras ambientales en Chile.
Patrones estructurales de violencia, brechas institucionales y desafíos para la implementación del Acuerdo de Escazú”. En el estudio, se examinan las dinámicas territoriales de los conflictos socioambientales, las experiencias de violencia y riesgo que enfrentan las defensoras, así como las respuestas institucionales existentes en el país.
Las participantes señalan dificultades para acceder a canales de denuncia y percepciones de escasa coordinación entre instituciones públicas. Al observar las categorías más amplias de violencia reportadas por las defensoras, se identifica un patrón en el que predominan las formas psicológicas, simbólicas y políticas de agresión.
En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Paulina Ibarra recuerda una preocupante realidad: América Latina es el peor lugar para ser defensores y defensoras ambientales. “Es importante no dejarlas solas, apoyar la ley de protección y democratizar el acceso a la justicia” afirma la cientista política y una de las líderes de esta investigación.
“Cuidar a quienes nos cuidan y entender que la crisis climática y la equidad de género caminan de la mano, no es un lema político es una necesidad urgente para la supervivencia de nuestras comunidades y también para la protección de la sustentabilidad de nuestros recursos naturales” reflexiona. Por eso, advierte lo siguiente: “No es un tema exclusivo de la naturaleza, es un tema económico para el país”.