Un proyecto de ley de cuatro páginas volvió a abrir la herida más sensible de la política reciente: qué hacer con los uniformados condenados o procesados por sus actuaciones durante el estallido social del 18 de octubre de 2019.

La moción fue presentada por la senadora Vanessa Kaiser del Partido Nacional Libertario y respaldada por el Partido Republicano. Propone conceder un indulto general a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que actuaron en procedimientos vinculados a la alteración del orden público desde esa fecha. El texto, de artículo único, no distingue casos ni circunstancias particulares.

La propuesta generó una fractura inmediata en la derecha. Las directivas de la UDI (Unión Demócrata Independiente), RN (Renovación Nacional) y Evópoli marcaron distancia antes de que el proyecto se tramitara formalmente. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, fue directo: "Los indultos nunca deben ser generales. Si se presenta, discutiremos caso a caso".

El cuestionamiento no fue solo político. Luciano Cruz-Coke, de Evópoli, señaló un problema jurídico de fondo: la iniciativa modificaría una atribución que la Constitución reserva en exclusiva al Presidente de la República. "Al menos así como está, es inadmisible", advirtió. Andrea Balladares, de RN, apuntó en la misma dirección y argumentó que las decisiones mejor fundadas son las que revisan cada caso en particular.

Sin embargo, las directivas no hablan por todos. Dentro de Chile Vamos se abrió una grieta visible. El diputado Francisco Orrego, de RN e integrante de la Comisión de Constitución, defendió el proyecto con fuerza: "Aprobar este indulto general es una obligación moral para todo parlamentario". A él se sumaron la jefa de comité de senadores de RN, María José Gatica, y los senadores de la UDI Iván Moreira y Gustavo Sanhueza, aunque Sanhueza recordó los "errores" cometidos en los indultos impulsados por el gobierno de Gabriel Boric.

Las condenas a efectivos de Carabineros y las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019 han sido una fuente constante de tensión política en la coalición de oposición. El proyecto de Kaiser deberá superar primero el control de admisibilidad del Senado, un obstáculo que los propios parlamentarios de Chile Vamos reconocen como real.