La Corte Suprema estableció un nuevo criterio respecto al principio de confianza legÃtima en el empleo público, determinando que no podrá aplicarse en casos de funcionarios a contrata que mantengan antecedentes disciplinarios. La decisión surge a partir de un fallo donde el máximo tribunal analizó la situación de trabajadores estatales que buscaban mantener su continuidad laboral basándose en la renovación reiterada de sus contratos.
El caso surgió a raÃz de un recurso de protección presentado por funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales que, pese a llevar más de una década en sus cargos y no tener sanciones, fueron desvinculados tras una investigación penal aún sin condena. La Corte Suprema resolvió que la existencia de sumarios, sanciones u otros antecedentes administrativos impide considerar que exista una expectativa legÃtima de permanencia en el cargo.
Herramienta de protección El principio de confianza legÃtima ha sido utilizado como una herramienta de protección para funcionarios públicos a contrata, especialmente cuando acumulaban varios años de renovaciones consecutivas. Bajo ese criterio, el Estado no podÃa poner término a sus funciones sin una justificación suficiente.
En ese contexto, el docente de derecho administrativo de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile, Julio Palavaccini, señaló que este criterio se suma a otro reconocido por la Corte de forma reciente: no renovar contratas por disponibilidad de recursos en servicios públicos. Con esta nueva interpretación, el máximo tribunal restringe el alcance de esa protección y reafirma el carácter temporal de los cargos a contrata dentro de la administración pública.
La abogada especialista en derecho público, Karina Kiekebusch, señaló que esta nueva medida no necesariamente facilita las desvinculaciones, sino que pone lÃmites a esta regla general. “Lo que hace en este caso la Corte Suprema no es facilitar la desvinculación sino precisar los requisitos para aplicar el principio de confianza legÃtima.