La suspensión provisional dictada por el Consejo de Estado sobre el artículo 2 del Decreto 415 de 2026 impidió el traslado inmediato de $25 billones de los fondos de pensión de afiliados que aún no consolidaron su derecho pensional a Colpensiones. El alto tribunal tomó la medida al considerar que el Gobierno de Gustavo Petro excedió su facultad reglamentaria al alterar lo dispuesto por la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de ese mismo año.

La decisión busca evitar que una transferencia patrimonial de gran magnitud resulte reversible si, en el futuro, la justicia llegara a anular el decreto, y así proteger el ahorro pensional y la seguridad jurídica de millones de colombianos. El Decreto 415 de 2026 fue expedido el 20 de abril y ordenaba el traslado inmediato de los recursos de los trabajadores que solicitaron pasarse al régimen público administrado por Colpensiones.

PUBLICIDAD Freno a la transferencia Sin embargo, conforme a la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de ese año, esos fondos debían permanecer en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta que se consolidara legalmente el derecho a la pensión. Así, el 28 de abril, el Consejo de Estado activó con urgencia las herramientas legales para frenar una transferencia que, de ejecutarse y luego declararse inválida, provocaría efectos económicos difíciles de revertir.

De acuerdo con la abogada líder de Derecho Laboral, Seguridad Social y Ugpp en Scola Abogados Diana Milena Bolívar, el trasfondo del asunto radica en la extralimitación reglamentaria del Gobierno. PUBLICIDAD “Las necesidades de liquidez de una entidad pública —por legítimas que sean— no pueden servir de fundamento para que el Ejecutivo, mediante decreto reglamentario, altere el momento en que opera una obligación que el legislador condicionó expresamente a un evento futuro.

Si el Gobierno consideraba que la regla legal era inconveniente o insuficiente, tenía el camino correcto: acudir al Congreso, no facultarse mediante un decreto para anticipar consecuencias jurídicas que la ley no previó”, afirmó. Para ella, el nuevo decreto no llenó un vacío normativo, sino que contradijo la interpretación oficial previa que el propio Ejecutivo adoptó, totalmente compatible con el marco legal vigente.