Una contundente respuesta legislativa busca desarticular las vías de financiamiento de las bandas transnacionales que operan en el territorio chileno. La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que tiene por objetivo sancionar penalmente la explotación sexual, la facilitación de medios tecnológicos o publicitarios para su promoción, y la utilización de bienes inmuebles destinados de forma específica a estas actividades ilícitas.
La propuesta del partido de oposición surge en un escenario de profunda alerta pública por la penetración de la delincuencia organizada. El detonante de la medida fue la reciente revelación de la Operación Tokio, un golpe policial dirigido contra la estructura del Tren de Aragua que dejó al descubierto cómo las redes criminales recurren a diversos mercados clandestinos para capitalizar sus operaciones en Chile.
Según el texto, las bandas aprovechan la informalidad y la nula trazabilidad de estas transacciones para generar un millonario flujo de recursos económicos. El diagnóstico de la Fiscalía ECOH: Cerrar el mercado ilícito La base técnica de la moción parlamentaria se apoya en los informes entregados por el Ministerio Público.
A propósito de las diligencias de la Operación Tokio, el fiscal jefe del equipo de Emergencias y Crimen Organizado (ECOH), Héctor Barros, encendió las alarmas institucionales al advertir sobre la urgencia de regular y castigar penalmente las conductas ligadas al comercio sexual. El persecutor judicial fue tajante al señalar que este rubro constituye una de las principales cajas pagadoras del Tren de Aragua en el país.
En sus argumentaciones, Barros sostuvo que si el Estado chileno logra cerrar de manera efectiva dicho mercado a las bandas criminales, se anulará de inmediato el interés de estas organizaciones transnacionales por trasladar a personas al país con el fin de ejercer la prostitución. La reestructuración punitiva diseñada por Renovación Nacional plantea un abordaje integral mediante las siguientes medidas aplicadas a la legislación penal: En primer lugar, se propone castigar como delito a todo aquel que explote económicamente las prestaciones o servicios sexuales de otra persona.