La Ley 21.819, publicada el 25 de mayo en el Diario Oficial, llega en un momento delicado para la educación pública chilena. La instalación de los Servicios Locales de Educación Pública —el proceso por el cual el Estado retoma la administración de los establecimientos que durante décadas estuvieron en manos de los municipios— ha sido más difícil de lo previsto.
Hubo paros, problemas de gestión, deudas heredadas, infraestructura deteriorada y comunidades educativas que sintieron el costo de la transición. La nueva ley reconoce esa realidad y, en lugar de dar marcha atrás, ajusta el proceso para que pueda completarse mejor.
Es una decisión que merece ser leída en sus propios términos. Conviene recordar por qué se inició esta reforma.
Durante años, la administración municipal de la educación produjo una desigualdad estructural que el discurso público rara vez nombró con claridad. Un mismo país tenía sistemas escolares profundamente distintos según el municipio en que el estudiante había nacido.
Comunas con mayores recursos podían sostener sus escuelas con cierta dignidad; otras acumulaban deudas previsionales con sus profesores, infraestructura en mal estado y equipos directivos que cambiaban al ritmo de las elecciones locales. La idea de los Servicios Locales fue, en su origen, una respuesta a ese desbalance: profesionalizar la administración, ganar escala, separar la educación pública de las contingencias políticas comunales.