“Caso cerrado. Totalmente”.
El jueves sacaban así un rotulador en tres escritorios premium de La Moneda, dando por conjuradas las potenciales astillas del sobresalto provocado el lunes por un artículo de Fast Check que narraba cómo Catalina Ugarte Millán (41, abogada) y sus hermanos obtuvieron el 2009 un subsidio habitacional “de clase media a pesar de cuantioso patrimonio inmobiliario”. Eso dice el titular.
Y los posteos en redes sociales, mensajes reenviados, alertas y la espuma de etcéteras que hacen que uno tenga que encarar estas cosas. No nos apuremos porque para sepultarlo falta -al menos- que Contraloría resuelva el requerimiento ingresado por el senador PPD Ricardo Celis (no, no fue Manouchehri) para que se pesquisen eventuales irregularidades.
No hay tales, dice Palacio. La cosa es que activada la alerta a comienzos de semana, en el sector Presidencia y otros hubo que sacar otra vez el escáner, la caja de herramientas y demases.
Fue como sigue. El martes a mediodía Máximo Pavez -subsecretario del Interior y vocero de contingencia, léase incendios- sentenciaba que el beneficio entregado “hace 20 años” en “el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a la hoy jefa de gabinete del Presidente de la República está con todos los requisitos legales cumplidos”.