Las plataformas de apuestas online operan en Chile desde hace años, pero lo han hecho en una zona gris: masivas en usuarios, invisibles para el fisco. Eso está cambiando. El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó mecanismos para cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) digital a los operadores extranjeros de juego online, igualándolos con los servicios tecnológicos convencionales y con los casinos físicos que sí tributan en el país.
La medida es solo el primer paso de un proceso más amplio, según lo informado por G5 Noticias. En el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca regular completamente la industria, contemplando impuestos específicos y otros gravámenes. Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (UNAB), sostiene que regularizar no equivale a promover el juego, sino a gobernar un mercado que ya existe y que moviliza millones de dólares al año.
El argumento tiene lógica desde el punto de vista de la competencia. Los casinos tradicionales pagan impuestos y están fiscalizados tanto por el SII como por la Superintendencia de Casinos de Juego, el organismo estatal que controla estos establecimientos. Las plataformas online, en cambio, han operado sin ese marco. Con el IVA digital, el Estado empieza a nivelar la cancha.
El impacto potencial va más allá de la recaudación inmediata. Una industria con marco legal claro podría atraer a operadores globales dispuestos a instalarse en Chile y someterse a la normativa local, generando empleos directos e indirectos. Además, la regulación obligaría a las plataformas a mantener trazabilidad de los recursos involucrados, lo que beneficiaría tanto a los mercados financieros como al deporte nacional: en el fútbol y otras disciplinas, el registro de apuestas permite detectar patrones que podrían indicar manipulación de resultados.
El proyecto de ley sigue su tramitación en el Congreso sin fecha definida para su votación. Por ahora, la aplicación del IVA digital por parte del SII es la primera señal concreta de que el Estado no seguirá ignorando una industria que ya mueve millones de dólares dentro de sus fronteras.